La transparencia, los órganos autónomos y el falso dilema presupuestal

Temis y Deucalión

Por Luis Miguel Rodríguez Alemán

“… cuestan mucho, no sirven, no benefician al pueblo y cuestan mucho mantenerlos” Con esas palabras el Presidente López Obrador se refería a los Órganos Autónomos en una de sus conferencias mañaneras de principios de año.

Y es que pareciera que quien despacha cómo titular del Ejecutivo, dentro de su lista de propósitos de año nuevo se encuentra la de desaparecer toda institución que pueda representar un contrapeso legal a su intento por acaparar todo el poder.

No obstante, tal y como ha sucedido en otras ocasiones, el Presidente parte de un falso dilema –el presupuesto– para disfrazar su intención de desmantelar el andamiaje constitucional que durante años hemos ido construyendo los mexicanos y que nos ha permitido, poco a poco, garantizar ciertos que derechos que antes resultaban inimaginables.

Para entender esto, es necesario hacer un breve repaso sobre la evolución del derecho a la información en cuestión.

Nuestra Constitución tuvo durante las últimas dos décadas, grandes avances en materia de acceso a la información pública y la protección de datos personales, sentando las bases y principios para para la configuración normativa de este derecho fundamental, pero también para la creación de organismos autónomos –uno en cada entidad federativa y uno a nivel federal– que permitan su efectividad y protección.

Las primeras nociones del derecho de acceso a la información, aparecen en la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977, cuando se adiciona en el artículo 6º la frase ”… el derecho a la información será garantizado por el Estado.”

No obstante, este derecho siempre estuvo supeditado a la buena voluntad de las autoridades en turno, al no existir mecanismos legales unificados, que reglaran y regularan la obligación de las autoridades a transparentar toda la información pública.

No fue sino hasta la reforma constitucional de 2007 (publicada en el DOF el 20 de julio de ese año), cuando se establecieron los principios y bases que permitieron comenzar a hacer efectivo el derecho de acceso a la información.

En tiempos del PRI hegemónico, era impensable e inimaginable que un periodista (o cualquier ciudadano) pudiera tener libre acceso a las licitaciones, contratos, facturas y demás datos de interés público que permitieran revelar el manejo correcto o no de los recursos.

Elevar a rango constitucional este derecho nos ha permitido como sociedad, desnudar con sus propios datos, actos de corrupción como la estafa maestra en el sexenio pasado, o los contratos del IMSS con los hijos de Bartlett o los familiares de Zoe Robledo. También gracias a la transparencia y el acceso a la información pudimos conocer los contratos que PEMEX otorgó a la prima del Presidente.

En 2014 surge constitucionalmente el Órgano Autónomo Federal ”… responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.”* (Art. 6 , fracción VIII de la CPEUM)

Los órganos autónomos encargados de garantizar el acceso a la información pública, por diseño constitucional permiten “hacer que se audite al gobierno en sus entrañas, para hacer que el gobierno explique lo que deliberadamente omite o no quiere decir”, así lo explicaba en una entrevista reciente el Comisionado del INAI y hasta hace uno días Presidente de ese órgano Francisco Acuña Llamas.

Y aquí es donde el Presidente López Obrador incurre –como siempre lo hace– en un falso dilema. Exhibir actos de corrupción, garantizar el acceso a la información pública y proteger los datos personales de los ciudadanos es un beneficio para la sociedad que resulta incalculable.

El Presidente no puede ponerle precio a los derechos, simplemente no puede decidir en forma personal cuánto se debe gastar para la protección y efectividad de los derechos fundamentales. La decisión de asignar un presupuesto determinado a los órganos autónomos se da mediante el ejercicio republicano que cada año involucra al Poder Ejecutivo, pero principalmente al Poder Legislativo, en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Bajo ese falso dilema, más adelante López Obrador querrá desaparecer al INE “porque nos cuesta mucho dinero”, o querrá absorber a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, total, en su idea anacrónica de Estado, todas esas funciones las puede y las debe hacer el poder central

El Presidente no entiende, o deliberadamente no quiere entender, que los órganos constitucionalmente autónomos nos permiten a los ciudadanos garantizar un espectro muy amplio de derechos: la competitividad, las telecomunicaciones, la democracia, la transparencia, y todos esos derechos no pueden ser tasados en forma económica por el propio poder.

Según el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, el INAI tendrá asignado un presupuesto similar al que se le otorgó a la Oficina de Presidencia de la República (905,335,647 del INAI, frente a los 805,024,292 de la Oficina de Presidencia).

Por tanto, si la verdadera motivación es la supuesta “austeridad republicana” cabe hacer la pregunta: ¿Qué tiene más valor para los mexicanos?

El INAI, como órgano autónomo garantiza y permite hacer efectivo un derecho fundamental y pretender ponerle precio a los derechos es un falso dilema al que el Presidente reiteradamente recurre cuando pretender acaparar mas poder. Por eso #YoDefiendoAlINAI


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Datos del autor:

Abogado, especialista en derecho constitucional, administrativo y fiscal.

Facebook: facebook.com/lmaleman – Twitter: @RodrguezAleman

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