#QuimiosYa: Una exigencia al Estado omiso

Themis y Deucalion

Por Luis Miguel Rodríguez Alemán


Apenas el 13 de marzo de este año, el Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se ordenaba otorgar en forma vitalicia, pensión y atención médica para las víctimas del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, en la ‘Guardería ABC’ de Hermosillo, Sonora.

López Obrador en reiteradas ocasiones ha calificado el caso de la ‘Guardería ABC’ como un asunto de estado, prometiendo que su gobierno haría justicia por el fallecimiento de 49 niños y las lesiones de 106 más. Esa añorada justicia para las víctimas y castigo para los responsables, es una exigencia que durante años hemos compartido miles de mexicanos que estamos convencidos que la negligencia y la omisión por parte de los funcionarios involucrados, provocó la pérdida de vidas humanas, de niñas y niños a quienes el Estado se encuentra obligado a proteger.

Me he permitido señalar este antecedente, pues me parece adecuado para poner en evidencia las posturas de éste régimen frente a tragedias similares; y es que el Presidente parece haber olvidado que la vida de cada mexicano importa, y tratándose de niñas y niños importan aún más.

La disparidad de criterios con la que se conduce el titular del ejecutivo resulta alarmante, pues mientras el propio López califica como un asunto de estado el caso de la ‘Guardería ABC’, el fallecimiento de niños diagnosticados con cáncer parece no conmoverlo, es más, parece no importarle.

Es de preocupar que, solamente entre los meses de diciembre a septiembre de este año, en el gobierno del Presidente López Obrador han fallecido más de mil 615 niños diagnosticados con cáncer (cifras de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer AMANC).

Y así como en su momento se señaló que la corrupción y los actos omisivos del gobierno habían provocado la lamentable tragedia acaecida en Hermosillo, Sonora; así también hoy existen acusaciones puntuales que ponen en evidencia las carencias de un gobierno cuyas omisiones ha costado la vida de miles de niños, y sigue poniendo en riesgo la vida de miles más.

Las denuncias y señalamientos sobre el desabasto de medicamentos oncológicos, implican una conducta omisiva que rompe con la obligación constitucional a cargo del Estado de garantizar el acceso a la salud.

El Presidente parece olvidar que la Constitución impone en todas las autoridades la irrestricta obligación de respetar, proteger, garantizar y promover el ejercicio y goce de todos los derechos humanos, siendo el artículo 4º de la propia norma suprema el que consigna el derecho a la salud, el cual entendido en su dimensión social, implica el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud.

Sin embargo, ante el incumplimiento de este régimen, miles de padres se han visto obligados a emprender batallas legales para lograr mediante mandato judicial, que se obligue al gobierno a cumplir con su obligación y garantice el otorgamiento de medicinas y tratamiento médico integral y adecuado.

Sin embargo, pese a los enormes esfuerzos que se realizan los resultados parecen ser insuficientes, pues el desabasto persiste y la enfermedad no cede terreno; para los niños y sus padres cada día sin medicamentos puede ser definitivo.

En ese contexto, existen diversas voces que pugnan por elevar dichas exigencias al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual a pesar de los límites normativos de la propia Convención, ha incorporado el análisis del derecho y protección a la salud en algunos casos contenciosos puestos a su conocimiento.

Al respecto resulta ilustrativo el caso identificado como ‘Niña S.L. vs Colombia’. En forma similar al caso mexicano, diversas organizaciones civiles solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que por su conducto, se requiriera al gobierno colombiano para que adoptara las medidas necesarias, a efecto de garantizar la vida e integridad de niñas y niños que padecían enfermedades onco-hematológicas.

Al tratarse de un caso que reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, la Comisión ordenó medidas cautelares que tenían como objeto asegurar que el gobierno de Colombia implementara las acciones oportunas y necesarias que aseguraran la preservación de la vida e integridad de los niños, así como garantizarles el tratamiento médico integral y adecuado para su enfermedad.

El caso de los niños mexicanos reúne los mismos requisitos, pues también se trata de un asunto grave, urgente y cuya irreparabilidad es manifiesta al encontrarse en juego la vida de miles de ellos.

Kenji López Cuevas, Presidente de Cáncer Warriors de México, señalaba atinadamente que no debemos acostumbrarnos a suplicar por medicamentos; la salud no es sujeto de ningún tipo de negociación y no debemos ceder terreno. Recordémosle a López que el día que tomó protesta como titular del Ejecutivo, prometió cumplir y hacer cumplir la constitución. Pues la constitución es clara, la salud y los niños son un asunto de Estado, como a él le gusta llamarlo.


¿Qué tanto te gustó lo que leíste?


Datos del autor:

Abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, especialista en derecho constitucional y administrativo.

Facebook: facebook.com/lmaleman – Twitter: @RodrguezAleman

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s