¿Realmente el Estado mexicano defiende nuestro derecho de asociación y participación política?

Por Jesus Jair Zamudio Aguirre

No hay verdadera asociación sino entre hombres libres e iguales.
Giuseppe Mazzini

El derecho de asociación, es uno de los derechos humanos que forman parte de nuestro elenco constitucional, se define como un derecho de primera generación (civiles y políticos) que aunque es individual, su ejercicio es de carácter colectivo y que tomaría parte como un derecho político que tenemos los mexicanos; se encuentra consagrado en los artículos 9 y 35 fracción III, que a grandes rasgos establece que es prerrogativa de los ciudadanos, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país.

Debemos distinguir el derecho de asociación antes mencionado del derecho de reunión que también esta inscrito en el articulo 9 y el elemento importante para hacer esta distinción, es que el derecho de asociación implica no solo juntarse, sino crear una entidad con personalidad jurídica propia. Es decir, nos juntamos para crear una organización o agrupación de carácter público y con fines lícitos.

Leyendo lo anterior, de entrada la respuesta simple y sencilla de todo el mundo sería que si, que México no solo reconoce sino que vela porque todos sus ciudadanos tengan derecho a asociarse y con ello participar activamente en los asuntos de la vida nacional, pero, ¿y que tan efectivo es en este menester?

Estas reflexiones vienen por qué, para todas las naciones es importante no solo inscribir los derechos humanos en sus textos constitucionales y leyes, sino que es imperativo garantizar su efectividad y es en este sentido en que quiero compartir un par de pensamientos.

Si bien es cierto, que la ley nos permite crear asociaciones políticas ya sean nacionales o estatales y hasta partidos políticos, sorteando una serie de requisitos que en el papel parecen fáciles ¿Que tan viable es que cualquiera los conforme? Porque sinceramente y aunque se supone que tenemos esta prerrogativa, no veo que esto incentive la participación de las personas en la vida política ni contribuya al desarrollo de la democracia como se supondría debería hacerlo.

Y es que analicemos algunos datos, de los más de 80 millones de mexicanos con posibilidad de conformar una APN y tener una ciudadanía activa, actualmente hay un total de 89 agrupaciones registradas que si calculamos que tienen el mínimo de integrantes que exige la ley nos darían un total de 445 mil mexicanos ejerciendo su derecho de asociación, obvio a esto habría que sumarle los demás que forman parte o son militantes de algún partido político pero sin duda creo que los números no serían mucho mayores.

Y es que aunque suene a una redundancia, los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales (APN) están en manos de “los políticos”, aquellas personas que han hecho de esta actividad su manera de vivir, se puede decir que son “los profesionales” y están muy lejos de los ciudadanos, los de a pie y que por falta de recursos ya sean materiales o económicos, tiempo y un sin numero de cosas, pues no tienen como prioridad participar en los asuntos y debates de la escena nacional. Ojo, muchas veces no es que no les interese y como ha quedado demostrado, coyunturalmente cuando “les tocan” algún interés se organizan para exigir a la autoridad, pero por sus necesidades y ritmos de vida, pues no es su prioridad ni se dedican a eso.

Y es que si bien, México concede la oportunidad de conformar en primer lugar una APN y luego un partido político en la realidad, ¿cuales serian los problemas a los que se enfrentaría, el mexicano promedio? según mi punto de vista estos:

Problemas de índole económica .- Este asunto nos lleva a una reflexión de pirámide de necesidades, si no tienes lo suficientemente satisfecho tus necesidades básicas, pues menos te meterás a querer resolver las necesidades del país y es que seamos sinceros; organizar a 5 mil asociados mínimo en el país cuesta, tener un órgano directivo con sede (oficinas) cuesta y ya ni se diga las delegaciones en 7 entidades federativas y toda la logística que esto conlleva, y aparte, (y esta es una de las particularidades de figura de las APN´s) pagarle a un contador para que realice el informe anual sobre el origen y destino de los recursos que recibieron (se les exige obligaciones sin tener derechos en este caso a prerrogativas como era antes) pues vuelve este aspecto, el económico, si no el freno mas importante uno a considerar cuando hablamos de este tema.

Problemas de índole político.- En este asunto si debemos reconocer que el ambiente político es un ambiente cerrado y de celo, en nuestro país este ambiente como muchos otros pareciera que es hereditario y han existido verdaderas extirpes familiares que se han dedicado a esta actividad, sin mencionar que en la conformación de los organismos electorales sobre todo en los estados, muchas veces se da su conformación por “pago de facturas” a los partidos políticos, que lo que hacen desde adentro es responder a los intereses de los mismos y una de estos intereses es evitar la conformación ya sea de mas agrupaciones o en su fin ultimo de más partidos; en una especia de negativa por compartir prerrogativas.

Y como nota de este apartado quisiera decir: que en verdad no estoy de acuerdo en que se gaste tanto dinero en los partidos políticos, aunque sea necesario para desarrollar sus funciones y extender los valores de la democracia y participación ciudadana aunque estos organismos cada vez parezcan mas desvinculado de la sociedad, pero menos que esa gran cantidad de dinero se concentre en tan pocas personas.

Y por último los problemas de índole social.- En nuestro país interpretamos la participación política como las elecciones, más allá de la acción de votar no existe una participación no electoral y esto se debe en mucho a la gran desconfianza institucional que existe; se nos ha enseñado o adoctrinado erróneamente que el voto es la única forma de influir en las decisiones de gobierno y de esta forma nuestra participación tiende a ser individualizada y coyuntural, considero pertinente que la misma autoridad electoral haga campañas que cambien esta idea errónea y dejar de ser ciudadanos pasivos y reactivos.

Existen también los problemas de índole jurídico, pero en este caso mas que problemas son desconocimiento, ya que como he reseñado lineas arriba, nuestras leyes contemplan el derecho y no solo eso lo protegen. Existe en nuestro marco legal, instrumentos como el Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano (JDC) que permite a los ciudadanos solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con los primeros pero que de nada sirve si se desconocen.

Como podemos ver, aunque el Estado mexicano si defiende el derecho de asociación y la participación política queda mucho por hacer y perfeccionar, un buen inicio es que estos derechos estén consagrados en nuestras leyes pero necesitamos no solo crear las instituciones que los hagan valer sino dotarlas de los instrumentos para hacerlo, pero sobre todo, necesitamos involucrarnos y hacer nuestro todo esto.

Debemos entender que en política (entendiéndola en su acepción mas amplia) “no hay vacíos”, que los espacios que dejemos siempre serán ocupados y tal vez no por los mejores perfiles o por las personas con mejores intenciones, que a pesar de las limitaciones ya sean económicas, políticas o sociales, hay que hacer el esfuerzo por extender la participación y solo así haremos valer nuestros derechos, en mi opinión esta debe ser la estrategia marcada para cambiar nuestro nivel de vida.


¿Qué tanto te gustó lo que leíste?


Datos del autor:

Mercadólogo, ganador del premio nacional de publicidad, originario de la Cuenca del Papaloapan


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