De los Derechos Humanos en nuestro país o como México construye su camino hacia la credibilidad internacional como un verdadero Estado democrático.

Estrategia Marcada

Por Jesus Jair Zamudio Aguirre

“Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad.”
Nelson Mandela

La relación del Estado Mexicano con los derechos humanos siempre ha sido por llamarlo de alguna forma “complicada” y es que si bien es cierto desde hace muchos años se encuentran plasmadas en nuestras leyes, en la practica ha sido muy difícil defenderlos; debido principalmente a fallas estructurales en nuestras instituciones.

Si bien es cierto, que nuestra nación fue una de las primeras en positivizarlos en su Constitución, (siempre siguiendo la corriente filosófica en boga) estando presentes en la de 1857 con el nombre de “Derechos del Hombre” –como se venían manejando después de la Revolución Francesa– y en la de 1917, se instituyen en su Título Primero llamado “De las Garantías Individuales” donde a la letra manifestaba en su primer artículo que era precisamente el texto constitucional el que “otorgaba” estos derechos.

Ahora y para romper con la antigua filosofía positivista del siglo XIX que imponía que sólo el Estado podía “otorgar” las garantías en una especie de concesión, y también podía, por esa misma concesión, revocar o limitar las garantías; es por ello que en la Reforma Constitucional del año 2011, se da este vuelco y se impone en nuestro país la corriente filosófica del iusnaturalismo analógico, poniendo en el centro de todo el debate jurídico el concepto de “dignidad humana” como fuente de todos estos derechos, para quedar establecido ahora que lo que la Constitución hace es simplemente “reconocer” estos derechos ya que estos son previos y superiores al ordenamiento jurídico,

Todo esto para empatar las leyes mexicanas con el concierto internacional, ya que diversos instrumentos y convenios firmados por México refieren a los “derechos inherentes al ser humano”, en un afán por hacer de los derechos humanos lo más amplio posible y tener la posibilidad de defender a los ciudadanos en todas partes del mundo, de la mejor manera, aún si estos principios o valores no existen o no están escritos en las Constituciones de sus países.

Esto nos hace poner la atención en como a nivel internacional existe una verdadera preocupación sobre los límites que deben observar los poderes públicos; y podemos estar de acuerdo o no con el enfoque iusnaturalista adoptado por la Constitución mexicana, pero lo cierto es que la evidencia histórica nos demuestra que nunca sobra estar advertidos de los peligros que se corren cuando los poderes del estado (a veces incluso con la activa participación de los ciudadanos) pasan por alto la dignidad humana y cometen indecibles atropellos.

Pero y a pesar de los esfuerzos que se hacen a nivel jurídico, de dar rango constitucional a los derechos humanos y fortalecer las leyes y las instituciones así como dar mayor fortaleza a los organismos autónomos reguladores de derechos humanos a nivel federal y en los estados, pareciera que sigue siendo una asignatura pendiente en México.

Y es que la Comisión interamericana de los Derechos Humanos informa que solo en el año 2015 se tenían 500 denuncias y 2,120 casos pendientes de estudio y según la Organización de las Naciones Unidas, México es parte de los 30 países en los que más se violan con mayor frecuencia los derechos humanos, siendo junto con Venezuela los países en donde la situación es más dramática. Para Amnistía Internacional la violación en México es endémica y la garantía de los mismos no es accesible a todos los sectores de la población.

Solo por poner un par de ejemplos; acaban de hacerse públicas la sentencias del “Caso Atenco” y el “Caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México” (por desapariciones forzadas ocurridas en el marco de labores de seguridad ciudadana) emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y son otros golpes durísimos a los abusos del Estado mexicano

Si bien es cierto que estos pronunciamientos exhiben nuestras miserias, también señalan la ruta a seguir para evitar que se sigan produciendo; ojalá el Estado mexicano se comprometa en serio a cumplir con las sentencias de la CIDH, pero la verdad es que a pesar de todo, el gobierno mexicano no cuenta con un mecanismo de garantía al seguimiento y cumplimiento de las recomendaciones recibidas de organismos foráneos, ni en la justicia a casos que quedaron impunes o sin castigo en el pasado; y esto hace que sea muy difícil que avancemos en el tema para poder ofrecer una mejor calidad de vida a los ciudadanos mexicanos y ser reconocidos en el ámbito internacional como un verdadero Estado Democrático.

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Datos del autor:

Mercadólogo, ganador del premio nacional de publicidad, originario de la Cuenca del Papaloapan

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