Hipertrofia gubernamental: el lado oscuro de los derechos humanos.

Por Argel Humberto Aguirre García

 

La caída del muro de Berlín, y el fin de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas marcaron el inicio de una dinámica internacional basada en la expansión de los valores occidentales. El fin del socialismo soviético y su esfera de influencia, permitió el establecimiento de nuevos mercados para el intercambio de bienes y servicios, mientras que la esperanza de que un mundo unipolar era posible, nos hizo creer en el encanto globalizador de la pax americana.

Rápidamente, el mundo se empezó a reconfigurar bajo un lenguaje de libertad, democracia y derechos fundamentales. En efecto, el aplastante empuje de los mercados encontró en los derechos humanos el sistema de valores “universales” que necesitaba para exportarse, legitimarse y expandirse en bastas regiones del mundo. Así, el establecimiento de capital extranjero en nuevos mercados demandó la integración, en tratados y en el derecho interno de los países, de un lenguaje que permitiera la protección de la propiedad privada, el debido proceso, la libertad, y todos aquellos valores que impidieran la gestación de un poder despótico.

Sin embargo, a este proceso de positivización, generalización e internacionalización de los derechos humanos se sumó una tendencia muy marcada hacia su especialización y desarrollo descontrolado. La gran euforia de los derechos humanos en los últimos treinta años ha venido gestando un problema a nivel práctico para los gobiernos estatales, que será más notorio en la medida en que sigan avanzando los procesos nacionalistas que pretenden echar abajo la inacabada aldea global.

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Si durante los noventas, los derechos humanos sumaron grandes triunfos en la construcción de un robusto andamiaje jurídico, el reconocimiento de capacidad internacional de los individuos frente al Estado, y la configuración de tribunales internacionales como los de Ruanda o la Ex-Yugoslavia, la firma del Estatuto de Roma, y el importante avance en estándares de protección de la Corte Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cierto es que el fin de esta década se encuentra marcada con lo que parece una tendencia irreversible de proteccionismo de la soberanía nacional. Lejos quedaron aquellos días en que se podía soñar con la justicia planetaria y la democracia global. La Organización de las Naciones Unidas se encuentra en una de sus crisis económicas más severas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, principales arietes de los derechos humanos en los países en vías de desarrollo, encuentran contrapesos importantes en los Bancos ligados al gobierno de la República Popular de China, que no parecen tener ningún interés en avanzar una agenda ligada a la democracia y a los derechos humanos; la propia crisis en Venezuela es un claro ejemplo de la incapacidad de los organismos regionales e internacionales para atender una grave crisis humanitaria.

Y es aquí, en este contexto de fracturación del entramado global y la vuelta del nacionalismo, que el desarrollo desenfrenado del discurso de los derechos humanos se torna más peligroso. Hemos pasado de tener unos veinte derechos humanos plenamente reconocidos a nivel internacional en 1975, a unos cien en 1980, a ciento setenta y cinco en los noventa a más de trescientos el día de hoy. Lo anterior, a pesar de ser un triunfo de este proceso de dignificación de la persona humana, tiene un problema fundamental que se agrava en este contexto: los recursos públicos son finitos, es más, todos los recursos con los que cuenta el planeta tierra son finitos, mientras que nuestras necesidades individuales y colectivas parecen infinitas.

Esta expansión sin control genera un problema de hipertrofia para los gobiernos, quienes al tener un presupuesto limitado, generalmente extraído de la capacidad productiva de la iniciativa privada que también tiene un limite en cuanto a su generación de riqueza, deben realizar complicadas compensaciones para atender un catalogo cada vez más abundante de derechos humanos. Así, una iniciativa estatal para investigar y castigar el maltrato animal forzosamente implica la disminución de la capacidad de búsqueda de personas desaparecidas, o la desatención de crímenes relacionados con violencia de género, pues existen límites materiales a la capacidad del Estado. Es aquí donde un tema de administración responsable de los recursos se vuelve relevante a la luz de un mandato constitucional de optimización de los más de trescientos derechos humanos contenidos en acuerdos internacionales.

La pax americana trajo consigo un flujo importante de recursos a los países en desarrollo, con los cuales se pretendía financiar el fortalecimiento de las capacidades estatales, el desarrollo y el respeto a los derechos humanos. El libre mercado generó en algunos casos las condiciones para el crecimiento y desarrollo de las empresas, única fuente productora de la riqueza nacional, y los acuerdos internacional generaron una oferta abundante de bienes y servicios. Sin embargo, ante la evidente desaceleración de la expansión del discurso de los derechos humanos y de la ruptura de un mercado global, que para un Servidor tiene su inicio con la administración de Donald Trump, el futuro de la defensa y protección de los derechos humanos debe olvidarse del respaldo internacional, y bajo este contexto ¿cómo administraremos los recursos limitados del Estado?, ¿cómo generaremos más renta para la satisfacción de los anhelos individuales y colectivos sin destruir la planta productiva del Estado?, ¿cómo tratamos esta hipertrofia?

 

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Argel Humberto Aguirre García.

Abogado especialista en Operaciones Internacionales de Inversión y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Director Jurídico en LEHAATSIM INTERNATIONAL CAPITAL. Socio de Aguirre & Montoya. Es profesor invitado de la FAR EASTEARN FEDERAL UNIVERSITY (FEFU) con sede en Vladivostok Rusia dentro del programa de LLM – INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT LAW. Cuenta con Estudios de especialización en Estados Unidos, Austria, China y Rusia.

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