La Constitución como parte fundamental del control de poder.

Nescimus quid loquitur

Por Jafet R. Cortés

 

El italiano Giovanni Sartori dedicó gran parte de su trabajo al análisis de la relación entre el sistema político y la conformación de una constitución. En este sentido era crítico al pensamiento lineal de que la única funcionalidad de la Constitución era la conformación del Estado, proyectando que esa visión limitada y meramente positivista, no amalgamaba con la realidad que conglomeraba el origen y el significado de la constitución y su relación con la sociedad como se plantea en el Contrato Social.

La constitución no solo es utilizada para conformar un Estado, sino que debe de fungir como parteaguas para que las sociedades cambien. En este sentido Sartori maneja dos objetivos de la Constitución, los cuales personalmente comparto: La constitución como instrumento de protección y la constitución como instrumento de Gobierno.

La primera vertiente se refiere a que la constitución como instrumento de protección tiene que asegurarse de que el ejercicio del poder sea controlado, y establecer mecanismos que no sólo hagan lo anterior, sino que lo limiten a tal grado de que exista un equilibrio con el afán de prevenir que quien detente del poder, abuse del mismo.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos posee una ingeniería constitucional tal, que integra una división del Gobierno en tres poderes, que están regidos por pesos y contrapesos, donde las decisiones de uno, están supervisadas por los otros dos. Teóricamente esto debería de ser suficiente para gozar de cierto orden de ejercicio de gobierno e independencia, aunque de facto, ocurra un tanto distante a lo planteado.

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Unos de los problemas más grandes de México; sin mencionar la pobreza y la inseguridad, ominosas complicaciones que laceran la vida en comunidad; es la corrupción y la impunidad, que podrían representarse por un ciclo continuo. La corrupción genera más corrupción si la impunidad existe; el hecho de que una conducta ilícita no se castigue genera una visión social de permisividad, que se traduce en más conductas ilícitas que en papel son penadas, pero en la realidad, ciertamente no.

La corrupción como un ciclo incluye tanto a autoridades de gobierno, como al ciudadano común, es como una paleta de tonalidades que, lamentablemente, cada vez se torna más oscura. El acto corrupto vincula a la persona que ofrece, la persona que acepta y un tercero o terceros, que viendo el hecho, no denuncian volviéndose cómplices indirectamente.

Partiendo desde las bases del Garantismo propuesto por Luigi Ferrajoli, lo que se plantea es orientar las miras hacia que el ejercicio del poder deviene de un enfoque, en cierta medida pesimista, donde el constructor de las bases constitucionales de dicho ejercicio, deben de pensar que el servidor público, invariablemente buscaría abusar del poder. Por lo anterior, la construcción de mecanismos para el control del poder debe de plantearse en este sentido.

En este punto, tanto Ferrajoli como Sartori veían prudente que el poder no se centralizara en un mismo ente, sino que se dividiera o en su caso que se compartiera de tal forma de que uno supervisara el ejercicio del otro.

“Para limitar el poder debemos contar con un poder no concentrado. Así, se puede lograr de dos maneras la limitación del poder, ya sea dividiéndolo o compartiéndolo, pues ambas fórmulas la línea base es que ninguna persona sola tenga y controle todo el poder.”[1]

Actualmente, pensando en la reflexión de Sartori, podemos ver que la corrupción ha permeado y deshecho gran parte del embalaje constitucional y ha saltado muchos de los circuitos de control de poder que están establecidos constitucionalmente en México. Por lo tanto, uno de los puntos primordiales para que esto cambie, lejos del voluntarismo, es la construcción de nuevas instituciones que involucren esfuerzos de la sociedad civil y que se estructuren de tal forma que se pueda llegar al objetivo de la constitución ya antes mencionado, la constitución como un instrumento de protección de los derechos de la ciudadanía y de control del poder público.

En el nuevo esquema, tendría que haber no solo tres poderes, sino cuatro, se necesita una Fiscalía General de la República con verdadera autonomía, al igual que una Fiscalía Anticorrupción, una Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y una Fiscalía de Asuntos internos, esta última para auditar directamente el comportamiento de la misma Fiscalía General del Estado y de su titular. Todas las anteriores independientes unas de otras.

La importancia de la conformación de este nuevo órgano autónomo deviene de un razonamiento desde la óptica de la realidad que se vive en México, y la necesidad de crear nuevos mecanismos que busquen llegar al segundo objetivo de la construcción de una constitución, que esta se convierta en un instrumento de gobierno, para generar un ejercicio eficiente y eficaz.

El voluntarismo nos sitúa en un punto donde la confianza se deposita sobre una o varias personas, esto nunca será suficiente para la transformación de las sociedades, se necesitan fortalecer instituciones de fiscalización de cuentas públicas como la Auditoría Superior de la Federación y los Órganos de Fiscalización locales; siempre va a ser necesario establecer desde las bases sociales y políticas, los cambios que vislumbren una vida en colectividad cada vez mejor y un ejercicio de gobierno cada vez más eficiente. La voluntad es el principio, pero la constitución, la constitución sencillamente siempre será el molde de la sociedad y el gobierno que queremos.

[Reflexión para las sociedades del hoy: importancia de la ingeniería constitucional como medio de control del poder]

[1]Sartori, Giovanni. Límites de la Ingeniería Constitucional. Primera Edición INE 2016. CDMX.

 

¿Qué tanto te gusto lo que leíste?


Datos del autor:

Licenciado en Derecho UV
Analista Político/ Humanista/ Escritor/
Xalapa, Veracruz; México.
Twitter: @JAFETcs
Facebook: Jafet Cortés

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