“¿Es mucho? ¿Para quién?” El costo del voto contramayoritario en tiempos de Obrador

 

Por Argel Humberto Aguirre García

 

En el México que nos ha tocado vivir sería complicado encontrar a alguien que se opusiera a la idea de que nuestra Constitución Política es ley suprema. No sólo porque desde un punto de vista orgánico aquella prescribe la forma de organización del estado, sino que la misma establece una serie de derechos fundamentales, que como principios son inalienables, irrenunciables, imprescriptibles, indivisibles e irreversibles. Es decir, nuestra constitución reconoce la dignidad de la persona humana como requisito de validez de cualquier acto de cualquier autoridad, imponiendo a ésta la obligación de respetar, garantizar y organizar su acción a fin de satisfacer su plena realización.

A partir de la reforma constitucional del 2011, los derechos humanos se colocaron en el centro de la actividad gubernamental, desde aquel momento todo ejercicio del poder quedó subordinado irremediablemente a la vigencia y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Esta expansión de nuestros derechos fundamentales frente al poder político, vino a terminar con una insana época de legalismo, en el que nuestros derechos eran entendidos y ejercidos de manera prescriptiva en beneficio de las autoridades en turno, y fue posible gracias a dos componentes fundamentales: i) el compromiso de los operadores jurídicos para actualizarse y nutrirse del amplio desarrollo conceptual que a nivel internacional y regional habían tenido los derechos humanos, y ii) la fuerza que la constitución otorga al Poder Judicial de la Federación para revisar y en determinado momento anular, a través de procesos específicos, cualquier acto de autoridad proveniente de cualquiera de los tres poderes en prácticamente todos los niveles de gobierno.

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Esta defensa constitucional de nuestros derechos fundamentales, es una realidad del día, el Poder Judicial de la Federación a través de sus sentencias construye todos los días un dique que contiene al poder político. Sirva de ejemplo los siguientes criterios:

  • Tesis de Jurisprudencia 43/2015 aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que cualquier entidad federativa que, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Lo que implica un reconocimiento constitucional a los matrimonios igualitarios.
  • Amparo en Revisión 241/2015 resuelto por la Segunda Sala en la que se protege a las comunidades mayas de Pac-Chem y Cancabchén, pertenecientes al municipio de Holpechén, Campeche, en contra del permiso otorgado a Monsanto Comercial S.A. de C.V. para la liberación en fase comercial de soya genéticamente modificada.
  • Amparo Indirecto 1782/2014 resuelto por el Juzgado Decimoquinto de Distrito del Séptimo Circuito, se ordena la cancelación de una fracción de la concesión minera de Caballo Blanco en el Municipio de Alto Lucero por afectar el derecho de propiedad del quejoso.
  • Amparo Indirecto 739/2016 resuelto por el Juzgado Decimoquinto de Distrito del Séptimo Circuito, en el que se le ordena al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz el pago puntual de la pensión de un jubilado durante el gobierno de Javier Duarte, así como garantías de no repetición.

Ahora bien, este control constitucional y la posibilidad de poder frenar el abuso de cualquier político en turno tiene un costo, la justicia constitucional requiere una serie de garantías para los operadores de justicia que involucran condiciones de servicio específicas, como lo son la capacitación, los recursos técnicos y humanos, la seguridad y protección y evidentemente las remuneraciones. A este respecto, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haciendo referencia directa a los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura a establecido que la ley debe garantizar a los jueces “una remuneración, pensiones y condiciones de servicio y de jubilación adecuadas”, pero ¿qué significa una remuneración adecuada?

Una de las propuestas del actual Presidente electo es disminuir en un 50% los salarios de los burócratas que ganen más de un millón de pesos al año, de igual forma decidió de manera unilateral modificar su sueldo para generar un tope máximo de $108,000.00 (ciento ocho mil pesos 00/100 moneda nacional) pesos mensuales, tomando en cuenta que en el Poder Judicial de la Federación existen muchos operadores de justicia que ganan más que el límite artificialmente maquinado por Obrador. Desde Secretarios, jueces de distrito y magistrados, ya no se diga Ministros y Consejeros, la remuneración neta tomando en cuenta prestaciones adicionales como bonos y aguinaldos superan el numero mágico de AMLO.

¿Es ignominioso que un operador de justicia reciba esa contraprestación? ¿es mucho? Todo depende ¿para quién?. Hace algún tiempo en un ejercicio de “benchmark” simple pero efectivo, los socios de mi despacho nos dimos a la tarea de intentar encontrar precios de referencia para nuestros servicios en distintos estados. De esta forma, utilizando información oficial de INEGI encontramos los siguiente:

Estado Despachos Ingresos Promedio Por mes
00 Nal 22,591 12,684.9 561,502 46,791
03 BCS 174 80.7 463,925 38,660
07 Chs 666 115.5 173,400 14,450
08 Chi 577 448.1 776,570 64,714
09 CMX 2,439 6,394.6 2621,817 218,484
19 Nln 682 660.7 968,819 80,734
23 Qtr 221 154.0 696,638 58,053
25 Sin 452 254.8 563,743 46,978
30 Ver 1,233 268.0 217,357 18,113

Este ejercicio, nos sirve para comprender un poco el mercado, efectivamente existen muchas desviaciones en la muestra, sin embargo, tomando en cuenta que los ingresos que se reportan ya son después de haber deducido los gastos permitidos e impuestos, tenemos una idea de lo que un despacho pequeño puede producir en Ciudad de México o en Nuevo León, frente a lo reportado por un despacho en Veracruz o en Chiapas, eso es una realidad de mercado, ¿cómo puedes atraer y retener al mejor talento humano disponible con cincuenta mil pesos mensuales cuando en promedio la iniciativa privada paga cuarenta y seis mil pesos en el país? ¿Cómo vas a retener a tus operadores jurídicos en los cuales se han invertido incontables recursos en su capacitación en lugares tan poco favorables como Chiapas o Veracruz? ¿Cómo vas a competir con la iniciativa privada que en puestos de director jurídico promedian los cien mil pesos mensuales en remuneración neta? La realidad es que no se puede, la gran cantidad de operadores jurídicos del Poder Judicial de la Federación dedican gran parte de sus días a abatir el rezago, tienen jornadas de más de catorce horas, trabajan en fin de semana y tienen un alto grado de preparación, y en nuestra opinión se encuentran adecuadamente remunerados en función de la responsabilidad que tienen y lo que saben hacer.

Sin embargo, ante una evidente realidad de mercado que ya ha sido revelada por la próxima Secretaria de Gobernación, el pueblo insiste en que las remuneraciones de los operadores jurídicos deben fijarse al contentillo del nuevo regente. Como gremio creo que es fundamental que cerremos filas en torno a la defensa de las remuneraciones del Poder Judicial de la Federación, pues no es coincidencia que ante la mayoría aplastante de un solo partido en ambas cámaras, los impulsores de la cuarta transformación vean en el voto contramayoritario de jueces y magistrados su único talón de Aquiles.

¿Qué tanto te gustó lo que leíste?


Argel Humberto Aguirre García.

Abogado especialista en Operaciones Internacionales de Inversión y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Director Jurídico en LEHAATSIM INTERNATIONAL CAPITAL. Socio de Aguirre & Montoya. Es profesor invitado de la FAR EASTEARN FEDERAL UNIVERSITY (FEFU) con sede en Vladivostok Rusia dentro del programa de LLM – INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT LAW. Cuenta con Estudios de especialización en Estados Unidos, Austria, China y Rusia.

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