La omisión como discriminación, apuntes sobre el papel de la legislatura del Estado de Veracruz.

Por Argel Humberto Aguirre García.

 

Dentro de un verdadero estado de derecho, la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales debe ser el punto de partida para cualquier discusión. Es por ello, que me gustaría abonar a la “discusión” un par de consideraciones desde el punto de vista del derecho constitucional, y en especial al estado que guarda la interpretación de ciertos conceptos como la discriminación, categorías sospechosas e interés legítimo a la luz de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En mis reflexiones, parto de la premisa de que ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades federales, estatales, municipales o incluso de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Asimismo, parto del hecho de que el 19 de junio del 2015 se publicó una jurisprudencia por reiteración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que vincular la institución del matrimonio con la procreación, o acotarla a la unión de un hombre con una mujer es inconstitucional.

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Pero ¿qué significa que sea inconstitucional? y ¿en qué momento el Estado me puede discriminar por mi orientación sexual?

Que una norma, acto u omisión sea inconstitucional, significa que su contenido y alcance no es compatible con el texto de nuestra constitución. Que sus disposiciones atentan contra los derechos fundamentales reconocidos en ella, y, por tanto, dicha norma debe desaparecer, pues no existe nada por encima de la constitución. En este sentido, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de su Primera Sala, como interprete máximo de nuestra Constitución haya establecido que las restricciones al matrimonio basadas en una categoría sospechosa como lo es la preferencia sexual, sea inconstitucional, permea todo el sistema jurídico mexicano. Toda ley, reglamento o actividad gubernamental, estatal o federal, que no sea congruente con esta lógica debe desaparecer.

Entonces, ¿por qué seguimos discutiendo si las parejas del mismo sexo pueden o no pueden contraer matrimonio? ¿Por qué siguen existiendo disposiciones que discriminan a determinados grupos en nuestros Códigos?

 

Las respuestas que podemos dibujar, desde un punto de vista eminentemente empírico, son dos. Una, es la resistencia manifiesta por parte de ciertos grupos, que, por razones ideológicas o políticas, pretenden, ir en contra del texto Constitucional y de la Suprema Corte, y por otra, la errada creencia por parte de ciertos representantes en esta y otras legislaturas, de que pueden decidir o legislar sobre el límite de un determinado derecho humano reconocido por la constitución, y con base en estas erradas creencias, es que intentan presentar “opciones” que puedan ser aceptadas por un electorado, que en su ignorancia, pretende restringir derechos fundamentales desde las mayorías.

En un estado neo-constitucional de derecho, los derechos fundamentales se encuentran fuera de la órbita de disposición del poder legislativo, y el poder judicial, en determinado momento ejerce lo que comúnmente conocemos como el “voto contra-mayoritario”, el cual, implica que, no importa cuántas personas se encuentren de acuerdo en privar a un solo individuo de sus derechos fundamentales, no importa cuántas asociaciones políticas y religiosas, insistan en impulsar determinadas agendas, o preservar determinadas instituciones, los derechos de las minorías están garantizados por la constitución, y su vigencia es defendida por el Poder Judicial.

¿Qué es lo que estamos discutiendo?

 

Desde un punto de vista jurídico, no hay discusión. Los matrimonios igualitarios son una realidad, y las leyes estatales deben adaptarse al mandato constitucional. Los legisladores que no adopten las medidas tendientes a garantizar que el Código Civil del Estado de Veracruz permita el matrimonio entre personas del mismo sexo, no sólo está incurriendo en una omisión legislativa, sino que, de emprender acciones tendientes a buscar el desconocimiento de derechos fundamentales garantizados por la constitución, se encontraría cometiendo actos ilícitos en perjuicio de personas específicas, que pueden llegar a demandarle la reparación del daño causado.

Así, sugiero que la vía de la discusión de estos temas, sea la judicial, y que los temas relevantes para la comunidad no se ventilen en instancias políticas, pues aquellas, obedecen a intereses electorales, y su corta visión, sigue discriminando a amplios sectores por su omisión.

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Datos del autor:

Abogado especialista en Operaciones Internacionales de Inversión y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Director Jurídico en LEHAATSIM INTERNATIONAL CAPITAL. Socio de Aguirre & Montoya. Es profesor invitado de la FAR EASTEARN FEDERAL UNIVERSITY (FEFU) con sede en Vladivostok Rusia dentro del programa de LLM – INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT LAW. Cuenta con Estudios de especialización en Estados Unidos, Austria, China y Rusia.

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