La reforma penal en el país de la corrupción

Por Argel Humberto Aguirre García

México es un país corrupto, profundamente corrupto. La ética de la clase gobernante es prácticamente inexistente y la impunidad alcanza los niveles de un estado fallido. Al ser un fenómeno ilegal y elusivo, los datos duros sobre los costos directos e indirectos, así como sus mecánicas y extensión nos son desconocidas. Sin embargo, tenemos dos cuestiones perfectamente claras: los actos de corrupción son cometidos por la clase política y la clase política rara vez es castigada.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, órgano autónomo del Estado Mexicano, en México sólo el 10.7% de los delitos cometidos en México fueron denunciados durante el 2014, y de estos, se reporta que en el 53.8% de las denuncias no pasó nada. La impunidad en México es estructural. Esta impunidad, encuentra una dimensión muy particular en los actos de corrupción cometidos por la élite gobernante, pues la normalización de sus actividades delictivas a través de redes bien definidas se extiende a todos los órganos del Estado. Baste de ejemplo la Auditoria Superior de la Federación creada en 1998 como órgano de control administrativo, presupuestal y programático del gobierno mexicano, quien desde que recibiera por parte del Congreso la capacidad de presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República en el año 2000 ha dado cuenta de tan solo 737 casos, dentro de los cuales no ha habido una sola sentencia.

Es difícil, sino que imposible encontrar casos en lo cuales los grandes jerarcas de la política, ya sea a nivel de cargos de elección popular, partidario o administrativo sean perseguidos y castigados por actos de flagrante y descarada corrupción. Javier Duarte, el máximo exponente de la corrupción en México, robó junto con una amplia red de cómplices dentro y fuera de su gobierno el equivalente a un año del presupuesto estatal. El daño patrimonial a la Hacienda Pública, según datos del Congreso local alcanza los 180 mil millones de pesos, algo así como el 1% del Producto Interno Bruto Nominal del país.

Independientemente de la dificultad que representa robarse el 1% del PIB de un país sin que nadie lo note, la justicia y la posibilidad real de hacer justicia en México con instituciones fundamentalmente débiles ante el poder político, parece una tarea aún más complicada. Las fiscalías y los poderes judiciales de los estados tendrán severos problemas para poder avanzar una agenda ciudadana que reclama un castigo ejemplar para la clase política, y tristemente parte de uno de esos problemas se genera por la forma en que fue concebida una de las reformas más nobles e importantes de los últimos años: la reforma penal del 2008.

La humanización del proceso penal era una cuenta pendiente que México tenía con el mundo y la historia. El cambio de un proceso inquisitivo a un proceso acusatorio, que respetara la dignidad del hombre y sus derechos fundamentales tiene como objetivo proteger a todos los ciudadanos del poder arbitrario del estado. En el anterior sistema, la gran mayoría de las sentencias condenatorias se dictaban sin la existencia de pruebas materiales, y la prisión preventiva se convirtió en la norma y no en la excepción al permitirse que los Estados del país decidieran qué delitos consideraban graves. En efecto, el sistema penal acusatorio privilegia la libertad, bajo una concepción de que la prisión preventiva, es decir, la reclusión de un persona antes de obtener sentencia condenatoria, deberá presentarse bajo supuestos bien definidos y restringidos que eviten su abuso.

Así, nuestro texto constitucional estableció que el Juez ordenará de la prisión preventiva de manera oficiosa, es decir, de forma automática cuando se traten de delitos: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Y excepcionalmente, a petición del Fiscal el juez podrá ordenarla cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Lo anterior, no debería resultar problemático en un estado con instituciones solidas que cuenten con personal con altos estándares de preparación y probidad, así como recursos humanos y técnicos suficientes. Sin embargo, con fiscales y jueces que luchan por entender el nuevo proceso penal, la falta de recursos materiales y logísticos necesarios para implementar de forma efectiva medios alternativos a la prisión preventiva como los brazaletes de geolocalización, aunado al poder económico, político e incluso armado que tienen los regentes de este país, cabe preguntarnos ¿es razonable mantener a los delitos relacionados con el erario público como delitos no graves en el texto constitucional?

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En la opinión del suscrito, la clase política cuenta con demasiado poder y recursos económicos como para permitirles la posibilidad de continuar sus procesos en libertad. Es por ello que la sociedad civil debe, por todos los medios, pugnar por una reforma constitucional que integre al catalogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, todos aquellos relacionados con una afectación al erario público. Pues en un universo de recursos limitados, cada peso que entra a los bolsillos de nuestra clase política, vía corrupción, representa la vulneración de los derechos humanos de los ciudadanos, léase salud, educación, seguridad, y un largo etc.

El precio de las externalidades de la corrupción los pagamos los ciudadanos con nuestra salud, nuestro futuro y nuestra vida. ¿por qué habrían de enfrentar un proceso en libertad los mayores enemigos de la humanidad?

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Datos del autor:

Abogado especialista en Operaciones Internacionales de Inversión y Derechos Humanos. Actualmente se desempeña como Director Jurídico en LEHAATSIM INTERNATIONAL CAPITAL. Socio de Aguirre & Montoya. Es profesor invitado de la FAR EASTEARN FEDERAL UNIVERSITY (FEFU) con sede en Vladivostok Rusia dentro del programa de LLM – INTERNATIONAL TRADE AND INVESTMENT LAW. Cuenta con Estudios de especialización en Estados Unidos, Austria, China y Rusia.

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