Cuando la garantía de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestras manos

Por Jesús Epifanio Vicencio Prior. 

 

El artículo Primero de la Constitución Política Mexicana menciona que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. Sin embargo, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país se ha mantenido en una lucha constante y difícil, pero ¿por qué?

Debemos reconocer que hoy en día la Iglesia y las ideologías conservadoras que promueve continúan desenvolviendo una actuación crítica al intervenir en la toma de decisiones de asuntos públicos (es entonces cuando pareciera que México permanece en la transición de ser un estado teocrático a cambiar como un estado laico), no obstante no debemos restarle importancia a los actores políticos y a la ciudadanía (especialmente ésta), al momento de conducir la actividad legislativa y gubernamental de nuestra nación.

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Muchas son las quejas y ataques que hemos escuchado hacia ciertos personajes políticos que conducen sus actividades bajo preceptos religiosos, pero parece que olvidamos el hecho que los representantes electos son el reflejo de sus electores, de modo que no podríamos esperar más de un actor político que está siendo respaldado por una comunidad dónde la mayoría profesan una doctrina conservadora muy arraigada; como dicen no le pidas peras al olmo. Por ejemplo, en el censo de población realizado en 2010 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de profesantes católicos en nuestro país resultó del 82.9%, ello quiere decir que 8 de cada 10 mexicanos ejercen el catolicismo. Si nuestros líderes políticos son nuestro reflejo, para una sociedad generalmente católica un delegado político legítimo será aquel que simpatice como profesante católico. Y si a ejemplos vamos, veamos qué está ocurriendo en Estados Unidos con Donald Trump; es un representante legítimo para aquellos sectores xenofóbicos de ese país. Lo mismo sucederá para una población mayoritariamente conservadora. En su defecto si como ciudadanos mostramos cierta corriente ideológica, ella se verá materializada en el día a día de la convivencia e interacción social.

Por otro lado, debemos ser conscientes que el peso de la toma de decisiones recae en hombros de nuestros representantes políticos y éstos no siempre optan por aquellas opciones dónde se presta una solución ganar-ganar. En el mundo de la política mexicana el juego de intereses se hace presente en todo instante. Para asumir al poder de un cargo público es necesario conseguir el respaldo electoral, y si ese respaldo implica empatizar con una sociedad conservadora o con un corte ideológico teocrático; el sujeto en turno usará el discurso de la Iglesia como plataforma política para ganar la simpatía de las masas, muy a pesar que sea el caso tal vez que, el representante en lo personal, no esté de acuerdo con la postura de sus representados; pero al querer continuar en el poder, se ve en la obligación de apoyar las opiniones de sus electores.

Edmund Burke, político británico; en 1774 en un texto breve llamado A los electores de Bristol, enfatiza que un representante “debe vivir en la unión más estrecha, la correspondencia más íntima y una comunicación sin reservas con sus electores. Sus deseos deben tener para él un gran peso, su opinión un máximo respeto, sus asuntos una atención incesante. Es su deber […] sobre todo, preferir, siempre y en todas ocasiones el interés de ellos al suyo propio […]”. No obstante agrega que los representantes no deben sacrificar “su opinión imparcial, su juicio maduro y su conciencia ilustrada” a sus representados ni a ningún otra persona. Así, los representantes electos en un país donde persiste una colectividad religiosa o conservadora, no tienen como tal el deber de legislar según las ideologías de sus representados, y mucho menos si éstas se encuentran fundamentadas en conceptos que violentan y excluyen las garantías de otros ciudadanos. En contraparte, deberíamos preguntarnos lo que ocurriría si los actores políticos comparten en sí, las ideologías con sus electores, ¿deberían prohibir los derechos de otros ciudadanos? Aquí, la respuesta es no, ya que debemos recordar que los representantes tienen que buscar el bien común, y no velar por sus creencias personales. Pero de esto a la realidad, en México sigue existiendo una gran brecha.

Siendo así, si los actores políticos no dejan de velar por intereses propios, y continúen jugando con una agenda y discurso religioso para perpetuar sus cargos; hasta que no se busque realmente el bien común para todas y todos los ciudadanos; hasta que la política no deje de enfrentar las problemáticas modernas con esquemas tradicionales; y primordialmente si no cambiamos los conceptos éticos y morales que guían nuestra sociedad, cuestionamos y analizamos reflexivamente; si no aprendemos a respetar y reconocer los derechos de otros individuos, volviéndonos más empáticos… los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país seguirán siendo una lucha constante y difícil. El cambio debe comenzar en todas y todos, y la solución está en nuestras manos.

 

¿Qué tanto te gusto lo que leíste?


Datos del autor: Vive en Pachuca, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y alumno del curso en Análisis de Políticas Económicas por IE Business School, y del mooc en Introducción al análisis de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Barcelona; voluntario en proyectos de asistencia social y en iniciativas para el fomento a la participación ciudadana entre jóvenes.

Facebook: Jesús Prior – https://www.facebook.com/jvicencioprior

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